Una partida fundamental para poner al país de pie
“Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón” Francisco de Quevedo
¿Qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pasa con el máximo tribunal que debe ser uno de los pilares de la reconstrucción de la República?
Preguntas que andan rondando las esquinas de la política. Preguntas en el escenario de la ausencia de respuestas.
Llevamos 37 años de democracia ininterrumpida, atrás quedaron los oscuros años marcados por una corte que avaló los golpes de Estado.
Si nos remontamos en el tiempo, en 1930, fue derrocado Hipólito Yrigoyen. Los miembros de la Corte Suprema, dictaron una acordada convalidando el derrocamiento de las autoridades elegidas por el voto popular.
Fueron ellos los que dieron origen a la denominada “Doctrina de los gobiernos de facto”.
¿Quiénes firmaron esa acordada del 10 de septiembre de 1930? José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna. El procurador general era Horacio Rodríguez Larreta.
Podríamos pensar que, en realidad, la Justicia en diversos momentos de la historia del país representó a una elite y no al conjunto de los argentinos. Una elite que todavía sigue teniendo una importante cuota de poder, tan importante que se dan el lujo de jaquear a los gobiernos populares.
Un círculo privilegiado que se considera “propietario”, sin dominio formal, de los poderes constitucionales del Estado. La pelea es desigual.
En sus comienzos formales, tras una serie de discusiones políticas, la Corte Suprema estuvo integrada por cinco miembros.
En 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, el número de miembros se elevó a nueve.
En el período “1990 a 1994”, el mandatario y el Senado nombraron diez jueces de la Corte. Así ingresaron al máximo tribunal: Eduardo Moliné O’Connor, Julio Nazareno, Rodolfo Barra, Mariano Augusto Cavagna Martínez, Ricardo Levene (hijo), Julio Oyhanarte, Antonio Boggiano, Guillermo Alberto Fernando López, Gustavo Alberto Bossert y Adolfo Vázquez.
Varios de ellos renunciaron a sus cargos entre 1991 y 1993. Los cinco que se quedaron fueron parte de la “mayoría automática”, del gobierno presidido por el riojano.
La Corte menemista
Durante el gobierno de Eduardo Duhalde se promovieron juicios políticos a los miembros de la Corte, por mal desempeño de sus funciones. La pulseada vino por el corralito, el fallo de la Corte fue considerado un “golpe institucional” a un gobierno que intentaba salir de la crítica situación de 2001.
Las negociaciones fueron arduas y finalmente, el Ejecutivo decidió poner paños fríos y parar los juicios aprobados por el Congreso. La mayoría automática continuó su marcha condicionando a los otros dos poderes estatales.
Tras la experiencia del bonaerense, el expresidente Néstor Kirchner puso entre las prioridades de su agenda la renovación de la Corte Suprema.
“Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación, marquen un hito hacia la nueva Argentina preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. No quiero nada fuera de la ley, hay que utilizar los remedios de la Constitución para
cuidar a la Corte Suprema como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros, la tristemente célebre mayoría automática.” Fueron las palabras de Kirchner a poco tiempo de asumir el poder.
La idea era lograr la renuncia de los jueces menemistas y uno de los negociadores fue Miguel Angel Pichetto.
La renovación
El Congreso avanzó en el pedido de juicio político. El primero en renunciar para evitar sentarse en el banquillo fue Julio Nazareno. El abogado de La Rioja ostentaba la presidencia del tribunal en ese momento.
Tiempo después, la Cámara baja aprobó la acusación por “mal desempeño de sus funciones” contra Eduardo Moliné O’Connor, quién decidió enfrentar el proceso.
El 3 de diciembre de 2003 fue destituido por el Senado de la Nación.
Dos años después le llegó el turno a Antonio Boggiano, por la misma vía. Los otros dos acusados Adolfo Vázquez y Guillermo López prefirieron seguir el camino de Nazareno y renunciaron a sus cargos.
A través del Decreto 222/03, el gobierno de Kirchner fijó autolimitaciones a la atribución del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Marcó la publicidad de antecedentes de los candidatos, decidió la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones a las candidaturas e implementó la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.
En el marco de la nueva normativa, fueron designados ministros Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, quien fue elegido luego por sus pares para encabezar el nuevo Máximo Tribunal.
En noviembre de 2006, Diputados convirtió en ley un proyecto que había sido impulsado en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner para reducir de nueve a cinco los miembros de la Corte y volver así a la composición que había tenido el cuerpo hasta 1990.
Movida de la dama, fortaleciendo al rey
Tras los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, la Corte viene demostrando una actitud confrontativa contra los otros dos poderes. Uno de los ejemplos fue el per saltum concedido a los dos camaristas que por decisión del Senado debían volver a sus cargos originales.
¿Ese fallo implica un avance en el tablero político? Todo hace suponer que sí. La reforma judicial sigue en las comisiones de Diputados, todavía no se obtuvieron los votos necesarios para convertirla en ley. El tiempo pasa, el presidente de la Nación reiteró su pedido a la Cámara baja para que saquen la norma.
La estrategia de la política, se vio reflejada la semana que pasó en la carta de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Una misiva, seguramente consensuada con el presidente.
Cristina tomó como disparador el balance a un año de gestión. Habló del esfuerzo que hizo el Ejecutivo para enfrentar las dos pandemias: la dejada por el macrismo y la inesperada surgida del virus. Del trabajo “enorme” del Legislativo aprobando numerosas leyes y del poco compromiso de la Corte con la realidad del país.
Fue tajante. “Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno.”
En su carta, Cristina destacó que “en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación”.
Un dato clave que deja picando la pregunta: ¿a qué intereses responden?
Otro interrogante que necesita respuestas claras.
“De los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones. Solo un Poder es perpetuo. Solo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, precisó Cristina.
En este momento, el Legislativo no tiene los votos suficientes para llevar adelante una cruzada que renueve al tribunal, como pasó en 2003.
En el tablero, el gobierno jugará su partida. La dama abrió la defensa, los alfiles se preparan para el acompañamiento. Pedirán ampliación del número de miembros, habrá marchas en la calle, conversaciones en bambalinas.
En un Estado de Derecho, los jueces deben ser probos, éticos, honestos, respetuosos de las leyes y fundamentalmente de las reglas de la democracia.
Porque como escribió en el siglo de oro, el polémico dramaturgo español Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”.
