Fin de año intenso en el recinto legislativo
Dos años y tres meses después que el Senado le dijera No al proyecto de ley de aborto legal, el tema vuelve a estar en el centro de la escena y del debate legislativo.
Cumpliendo una de las promesas de campaña, el presidente Alberto Fernández envió a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa, acompañada además por el denominado Plan de los mil días.
El giro al legislativo fue realizado en el Día de la Militancia. No fue una casualidad, fue un reconocimiento a la lucha de los movimientos de mujeres que vienen bregando, desde hace años, por la ampliación de sus derechos.
La división social persiste y se vio reflejada en las calles en 2018, cuando los diputados dieron media sanción y el Senado lo rechazó por 38 votos a favor y 31 en contra.
¿Qué tiene de diferente en esta ocasión? Que la propuesta viene, por primera vez, desde el titular del Ejecutivo y con un pedido especial: “Es hora que sea ley”.
La discusión parlamentaria será compleja. Contrarreloj, los legisladores que están a favor de avanzar en esta cuestión buscan consensos y revertir las posiciones de los que están en duda por sus creencias personales.
Pañuelos verdes, por un lado, celestes por otro teñirán el diciembre del año de la pandemia. El último mes de 2020 que trae implícita la esperanza de la llegada de una vacuna para disminuir la pesadilla mundial del Covid.
Apenas se anunció el envío del proyecto a sede legislativa, cientos de mujeres ganaron las calles celebrando la decisión de Alberto. No todo es un lecho de rosas. También se levantaron las voces en contra, en algunos casos con amenazas a los que tienen la responsabilidad de legislar.
La controversia estará en el orden del día de las sesiones extraordinarias. Nuevamente, el Senado es la clave. La mayoría de las presiones por motivos religiosos, caen sobre las espaldas de los gobernadores y de sus representantes en la Cámara alta.
En Diputados existe expectativa por lograr los votos suficientes y dar media sanción a la norma. En el Senado, las aguas están más divididas.
“El debate no es decir sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud de Argentina.” El concepto expresado por el presidente de la Nación refuerza la idea de anteponer la necesidad sanitaria a otro tipo de creencias.
En materia legal, el país incluye el tema en la segunda reforma del Código Penal en 1921. En esa oportunidad se establecieron los casos en los que “no se debe penar la interrupción del embarazo.
No es penalizado “cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.”
Más modificaciones
Tras una serie de disposiciones emitidas durante los gobiernos militares, en 1984 el gobierno del expresidente Raúl Alfonsín sanciona la Ley Nº 23.077, que retrotrae el marco legal al Código Penal de 1921 que está vigentes en la actualidad.
En 2012, la Corte Suprema se pronuncia sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas, sean “normales o insanas” (de acuerdo al fallo), pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención.
Desde el año 2003, se viene promoviendo la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.
Está impulsada por grupos feministas y del movimiento de mujeres, participan integrantes de movimientos políticos y sociales, cuenta en la actualidad con la adhesión de 305 grupos, según explican en su página web.
“Desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 han muerto más 3 mil mujeres como consecuencia de abortos inseguros, así se expresa esta gran deuda de la democracia que constituye un gravísimo problema de salud pública. La mayoría de estas mujeres son jóvenes y empobrecidas, mostrando las desigualdades que atraviesa el problema del acceso al aborto cuando una mujer decide que no puede seguir adelante con un embarazo no deseado. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida plena y sin violencia: la prohibición del aborto y la falta de acceso a procedimientos seguros, de calidad y gratuitos constituye una violación a los derechos humanos de las humanas”, manifiestan las militantes de esta campaña que ya lleva 17 años.
El proyecto no es una imposición. Es una elección individual.
¿Será ley en 2021? Veremos.
